Desdeabajo, nos propone reflexionar en torno a la relación posible entre las características que definen a la juventud de hoy y la movilización o estallido juvenil en las calles bogotanas, provocadas por la acción policial frente a ciudadanos inermes, y la respuesta institucional de ejecutar una acción envolvente y sistemática en las calles capitalinas, conocida hoy como la Masacre del 9 de septiembre de 2020.
Nos vendrá bien aclarar que la singularidad de número de juventud, es insuficiente para dar concepto a la pluralidad de manifestaciones culturales que expresan las juventudes, que se movilizaron por decenas de miles enarbolando las rabias aprisionadas durante años.
Es difícil que el malestar profundo de un sector social frente a una expresión institucional, sea mayor que el sentimiento de animadversión que sienten las juventudes frente al estamento policial. Ninguna de las jóvenes que conozco, cientos de ellas universitarias, aseguran no haberse sentido y ni se sentirá seguras, si a alguna hora de día, y sobre todo de la noche, se encuentra a solas con un destacamento policial motorizado.´
Las juventudes vinculadas a organizaciones de desplazados, indígenas y campesinos, manifiestan abiertamente y con evidencia, la negligencia y desprotección por parte del Estado, y conminan al gobierno para que asuma sus responsabilidades constitucionales. Por ello su vinculación a la Minga indígena, campesina y popular, tienen un lugar protagónico en la movilización y en el pliego de peticiones que demandan.
Las y los jóvenes que me interpelan en el aula de clase, frente a una requisa policial, que reconocen como un abuso de autoridad que viola sus derechos políticos y ciudadanos, que atenta contra su intimidad corporal y sexual. El tanteo malintencionado de sus cuerpos les produce el asco que sienten por quien les manosea, amparados en el poder que les confiere el Estado.
Las madres de las juventudes con quienes trabajo en los barrios populares, además de darles bendición, exigen a sus hijos mostrarles la cédula antes de salir, no vaya y caiga en una raqueta policial y los encuentren sin identificación: no tenerla, para los agentes uniformados, es un delito de marca mayor. A los jóvenes de clase media les pasa igual, me dicen, solo les diferencia la capacidad adquisitiva para solucionar el impasse en situ, mediante el pago de un impuesto express para recuperar la libertad.
Muchos de quienes alguna vez fuimos detenidos por la policía y llevados a un CAI o a un comando de policía, podemos sentir lo que expresan las juventudes víctimas del abuso policial: valga recordar la obligación de desnudarse en las celdas, ponerse de espaldas ante la mirada lasciva de uno o varios agentes, obedecer, por amenaza acentuada por su bastón de mandar, la orden de hacer cuclillas, y al volver la cara, ver a los ordenadores lamer sus labios libidinosos.
No son pocos los relatos que hemos escuchado de mujeres detenidas de manera ilegal y absurda, en que las policías que les custodiaban violaron la intimidad de sus cuerpos con los bolillos de dotación oficial que resbalan amenazantes entre sus piernas y senos. Ya, con anterioridad, ante la treta de una requisa exhaustiva, han osado palpar viciosamente los genitales de las abusadas por el poder.
Por encima de la orden de la Corte Constitucional de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al consumo mínimo y demás garantías, relatan los consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), la policía hace uso de un código propio, que les posibilita la osadía de cargar al que viene limpio, y poder así cobrar el impuesto consabido.
Tener pelo largo o ras pintado de azul o rojo, vestir de botas moradas, pantalón negro ajustado, lucir chaqueta con taches, tener un ojo florecido por una estrella naranja y montar en cicla es señal de que los habita un presunto delincuente. La estigmatización es su sello. Si además tienes carné de la Universidad, la cosa se pone peor y si eres de la pública estás marcando calavera.
Medios independientes como privados, informan que jóvenes dedicados a la venta informal son perseguidos, acusados de invadir el espacio público. Sus mercancías decomisadas y desaparecidas. Los nóveles padres y madres se quedan sin el sustento para sus hijos.
Siendo director del Instituto de la Participación y Acción Comunal de Bogotá (Idpac), supe de denuncias de como en los barrios populares los presidentes eternos de las Juntas de Acción Comunal recurren cotidianamente a la policía para que corretee a las juventudes de los espacios de esparcimiento comunitario: mismo que los presidentes de junta arriendan para parqueo privado de automóviles y realización de fiestas particulares o para festines electorales de políticos de baja monta
Sabemos de jóvenes asesinados bajo la modalidad de falsos positivos, engañados con la oferta de irreales oportunidades de empleo, retenidos y asesinados, para luego ser presentados como guerrilleros. El Estado mismo ha sido obligado por las Cortes a pedir perdón.
Nos hemos enterado por denuncias de concejales de Bogotá, que en el municipio de Soacha 9 jóvenes que se hallaban detenidos en un destacamento policíal, murieron a causa de un incendio producido en una de las celdas. El espectáculo dantesco fue presenciado en directo por las madres, compañeras e hijos de los detenidos, que públicamente han acusado a los policías de turno por no abrir las puertas de los calabozos y salvar a las víctimas del achicharramiento de sus pieles y rostros, que finalmente les produjo la muerte. Los medios informativos audiovisuales han presentado escenas de horror e inoperancia.
Este corolario encuentra diálogo, espacio y bandera en juventudes que demandan en las calles la garantía del goce efectivo a la educación, conculcado por un Estado y un gobierno que prioriza y dirige, de manera tozuda, los recursos a la demanda y no a la oferta: un Estado y un gobierno que opta preferencialmente por la financiación de la educación privada por encima de la educación oficial.
Contra tal realidad, colectivos y organizaciones se han imaginado decenas de maneras virtuales para demandar matrícula cero en el marco de la pandemia, en tanto los compromisos firmados con el gobierno nacional, fruto de las movilizaciones de 2018-19, permanecen incumplidos por el ejecutivo nacional, entre los que destacan:
1. La solicitud de reforma estructural al Sistema General de Regalías, con el objetivo de priorizar y estabilizar recursos para la Educación Superior Pública, para definir la cual ni siquiera han sido invitados representantes del movimiento estudiantil o profesoral, desconociendo la mesa técnica pactada; reforma, que, si bien hace tránsito en el Congreso, en su contenido no se destinan recursos para la Educación Superior.
2. Reforma integral al Icetex, para que deje de comportarse como un banco de crédito que empobrece más a las familias de escasos recursos.
3. Destinación de recursos de inversión para el saneamiento de pasivos y del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para lo que existen saldos presupuestales apropiados y no comprometidos por cerca de 300 mil millones de pesos, que aún no han sido entregados.
En su respuesta, el gobierno, además de dilatar, utiliza un recurso poco inteligente y provocador: frente a la demanda de la desaparición del programa ser pilo paga, utiliza un recurso semántico y ahora lo denomina Generación E.
De manera especial, los estudiantes y amplios sectores democráticos de la sociedad, demandan del Estado plenas garantías para el goce efectivo del derecho a la protesta y la movilización, ante la actuación desmedida de los Escuadrones móviles antidisturbios (Esmad) y de la policía nacional, con muchas de esas intervenciones ejecutadas fuera del marco legal y constitucional, haciendo uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza, lo que ha generado un alto número de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra la juventud y los estudiantes.
Las dimensiones de la violencia han sido tales, que mediante fallo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y al director de la policía general Óscar Atehortúa, para que “procedan a la elaboración de un protocolo que a corto plazo incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos”.
En similar dirección, el 22 de septiembre, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, tutelando los derechos de los ciudadanos y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”.
En su fallo, la Corte explicitó que “existió –y puede seguir existiendo– una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”.
La Corte Suprema de Justicia y los familiares de las víctimas de la masacre del 9 de septiembre, demandan que el Ministro de Defensa pida perdón. Su negativa fue inmediata.
Por eso y mucho más protestan la juventud y los estudiantes.
* Con base en información de la UTL de la representante a la Cámara María José Pizarro
** Educador popular.
